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¿Me deben “liberar” el teléfono móvil una vez transcurrido el periodo de permanencia?

Liberar teléfono móvil

Mucho se ha comentado en las redes sociales sobre el derecho de los consumidores y usuarios a que se les liberen sus teléfonos móviles una vez transcurrido el periodo de permanencia, o bien, si se quiere ver de otro modo, si existe una obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones de llevar a cabo la “liberación” de los equipos terminales móviles una vez transcurrido dicho periodo.

La polémica se suscitó a raíz de un recordatorio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a través de las redes sociales sobre la inexistencia de una obligación por parte de los operadores de “liberar” el equipo terminal móvil una vez transcurrido el mencionado periodo. En este sentido, lo cierto es que, como ha indicado parte de la doctrina, la inexistencia de una norma o resolución legal que imponga la obligación a los operadores de “liberar” el teléfono móvil del usuariono impide la posibilidad de que se pueda argumentar que, una vez terminado el periodo de permanencia, el terminal deba ser “liberado” por los operadores.

Si realizásemos un análisis exhaustivo de nuestro Real Decreto 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto de Consumidores y Usuarios), podría interpretarse que el cumplimiento por parte de los usuarios del compromiso de permanencia da lugar a una falta de reciprocidad por parte de las operadoras, ya que, una vez cumplido el citado periodo, el usuario debería gozar de todas las funcionalidades del equipo terminal móvil, incluyéndose entre las mismas, establecer comunicaciones electrónicas a través de cualquier operador de telecomunicaciones. Sin embargo, para que dicha falta de reciprocidad opere, debe existir una cláusula abusiva específica que de lugar a “la imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos” (art. 87 del Real Decreto de Consumidores y Usuarios).

Con todo ello y a favor de la interpretación de considerar que existe una obligación de “liberar” el equipo terminal móvil por parte de los operadores, podría considerarse que hay una falta de reciprocidad en las condiciones ya que, una vez cumplida la obligación de permanencia, el usuario habría satisfecho el importe íntegro del equipo terminal móvil y se le estaría imponiendo una obligación extra que, en todo caso, debería asumir el empresario al habérsele pagado el importe total del teléfono.

Así las cosas, y ante el debate de si la normativa de consumidores y usuarios impone, directa o indirectamente, la obligación de “liberar” el teléfono móvil tras el periodo de permanencia, resulta necesario analizar si de manera explícita viene recogida en la normativa sectorial la citada obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones una vez transcurrido dicho periodo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que dicha obligación no viene recogida en el Real Decreto 424/2005 por el que se aprueban disposiciones para proteger a los usuarios, ni tampoco en el Real Decreto 899/2009 que regula la carta de derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas. En efecto, lo único que se contempla en la propia Ley general de Telecomunicaciones 32/2003 y concretamente en el artículo 38 bis apartado f) es el contenido mínimo de los contratos celebrados entre las operadoras de telecomunicaciones y los usuarios pero sin que ello implique la obligación por parte de los operadores de “liberar” el equipo terminal móvil una vez transcurrido el periodo de permanencia. En concreto, en el mismo se señala únicamente que debe especificarse en el contrato “Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado“, lo que complementa a lo ya recogido en la normativa de consumidores y usuarios y demás normativa.

En este sentido, efectivamente, a pesar de la práctica generalizada, dicha restricción debe estar contemplada en el contrato puesto que aunque el articulado se centre en la restricción sobre el teléfono móvil, ambos, producto y servicio, esto es, equipo terminal móvil y comunicaciones electrónicas, están tan vinculados que, actualmente, cualquier restricción que se lleve a cabo sobre la conexión para realizar comunicaciones electrónicas afecta a las posibilidades técnicas del equipo terminal móvil, o dicho de otra manera, el servicio, en este caso, queda plenamente ligado al producto.

Ante la inexistencia de una obligación explícita por parte de los operadores de “liberar” los teléfonos móviles de los usuarios una vez transcurrido el periodo de permanencia, no es de extrañar que tarde o temprano los operadores de telecomunicaciones ofrezcan, como valor añadido, un servicio de “liberación” gratuito para atraer a nuevos clientes. Será la recompensa para todo aquel usuario que, sabiendo cuidar su equipo terminal móvil durante el periodo de permanencia, podrá disfrutar de otro operador una vez terminado el mismo.

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Riesgos derivados de una insuficiente monitorización de los empleados

La monitorización de los empleados por parte de los empresarios es una cuestión de rigurosa actualidad. Actualmente, la jurisprudencia parece inclinarse a favor de considerar que existe una vulneración de la intimidad del trabajador sino se le informó sobre cómo se ha de usar, por ejemplo, Internet en el ámbito laboral. Sin embargo, en el supuesto de que un trabajador lo utilice para usos privados habiéndosele advertido expresamente sobre la prohibición de hacerlo, no constituirá una vulneración de la intimidad del trabajador, al no considerarse una intromisión ilegítima cuando haya sido informado expresamente de que va existir un control para garantizar la efectiva utilización de los instrumentos informáticos.

¿Qué consecuencias legales implica para la empresa un uso indebido de Internet por parte de los trabajadores?

Entre los posibles, analizaremos cuatro supuestos fundamentales:

1. Accesos a páginas web inadecuadas. Una navegación inapropiada por parte del empleado puede dar lugar al acceso a páginas con malware, comprometiendo información de la empresa. El delito se encuentra tipificado en el art. 278 y siguientes del Código Penal tanto para aquel que voluntariamente envía software malicioso para acceder a información careciendo de la correspondiente autorización, como para el empleado que debe guardar reserva del secreto (esto es, la información confidencial de la empresa).

2. Uso de correo electrónico sin las diligencias debidas. El uso incorrecto del correo electrónico sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias puede dar lugar a que los empleados envíen involuntariamente información de la empresa a páginas web que imitan ser legítimas cuando en realidad no lo son, con el propósito de realizar un fraude (“phising”, “spoofing” o “pharming”). Dicho acto es considerado como un delito de estafa tipificado en el Código Penal en los artículos 248 y siguientes, además de constituir, en su caso, una usurpación del Estado Civil recogido en el artículo 401 del Código Penal.

3. Uso inapropiado de mensajería instantánea. Un uso inadecuado y sin control de este tipo de servicios puede dar lugar a una transferencia de datos de los empleados de la empresa eludiéndose los controles internos sobre protección de datos, e incurriéndose en una infracción del artículo 44.3 de la LOPD. Además, puede ser víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS o DDoS) mediante un envío de cantidades masivas de datos. De esta última manera, se alteraría la configuración del sistema en lo relativo a Internet a través del protocolo TCP/IP.

4. Utilización de aplicaciones Peer to Peer sin el control adecuado. Estas aplicaciones podrían suponer un intercambio ilegal de obras protegidas por derechos de autor que puede causar responsabilidad jurídica para las empresas, y más aún si los archivos ilegalmente obtenidos se almacenan en discos duros corporativos. Dichas infracciones constituyen una vulneración de los Derechos de explotación recogidos en la Sección II de la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual. Además, cabe la posibilidad de que los archivos confidenciales de negocios se encuentren en la “carpeta” de intercambio donde pueden estar disponibles para que otros la puedan ver y descargar. Si esto ocurriese, los datos de los clientes y la información corporativa se transmitirían a terceros dando lugar a problemas legales de diversa índole.

En conclusión, si el empresario no implanta los controles necesarios para la monitorización de sus empleados, sin duda puede verse perjudicado ya no sólo por la pérdida de eficiencia de sus empleados, sino por responsabilidades legales derivadas de las actuaciones de éstos. La clave para poder desarrollar una monitorización acorde a la normativa sobre privacidad que afecta al empleado, es darle información clara y expresa sobre la política de privacidad corporativa que le atañe, resultando absolutamente deseable guardar constancia de la lectura y aceptación expresa de dicha política por parte del empleado, así cómo mantenerle informado sobre los medios técnicos utilizados para su monitorización.

Autor: Eduardo Lagarón.

Imagen cedida por petercooperuk (Flickr) bajo licencia Atribución-CompartirIgual 2.0 Genérica (CC BY-SA 2.0)

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