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¿Es legal Uber?

El pasado 2 de septiembre nos hacíamos eco de una noticia procedente de Alemania en la cual la Audiencia Provincial de este país prohibía a Uber prestar sus servicios por carecer de autorización necesaria para operar como servicio de transportes.

Sin embargo, en España lo único que tenemos claro es que, a través de un comunicado del Ministerio de Fomento y de los comentarios de la ministra Ana Pastor, se perseguirá y multará a aquellos que ejerzan una actividad profesional de transporte de viajeros careciendo de licencia para ello.

Y es que la normativa actualmente en España es totalmente interpretable. Una normativa que data nada más y nada menos que de 1987 y que, a pesar de haber sido modificada en 2013, no ha sabido adaptarse a los nuevos servicios como “carsharing” (compartir coche entre varios conductores), “carpooling” (compartir coche entre varias personas para realizar recorridos coincidentes o similares) o al resto de servicios que se han prodigado a raíz de la aparición de Internet y los servicios de la sociedad de la información.

Nuestra Ley actualmente permite la utilización de servicios colaborativos de transporte entre usuarios cuando éstos obedecen a necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del dueño del vehículo y de sus allegados, siempre y cuando aquél no perciba remuneraciones dinerarias directas o indirectas, salvo las dietas o gastos de desplazamiento.

Al margen de las conclusiones que puedan llegarse sobre el término “allegados”, resulta importante analizar el concepto “remuneraciones indirectas”. Pues bien, podría pensarse en un principio que estamos ante cualquier tipo de remuneración ya sea para el conductor o para terceros (ej. empresas intermediarias), sin embargo, dicha remuneración muchas veces se saca de contexto.

En efecto, la Ley de Transportes tiene como objeto regular la actividad de transporte y los servicios auxiliares expresamente indicados en la misma. Por tanto, la remuneración directa o indirecta debe proceder de la propia actividad de transporte, no cabiendo la posibilidad de considerar remuneración aquella que se perciba por el mero hecho de poner en contacto a dos personas a través de un sitio web, aplicación o cualquier otro servicio de la sociedad de la información.

Así pues, Uber tendría responsabilidad a estos efectos si su actividad se excediese de la mera intermediación y pasase a convertirse en una agencia de transportes, o bien, teniendo conocimiento efectivo de la existencia de conductas o actividades que necesitan la perceptiva autorización o licencia (como es el propio acto de transportar con ánimo de lucro), no las prohíbe.

Lo que pretende la Ley de Transportes es regular el transporte de personas o mercancías para garantizar la seguridad de este servicio. El mero contacto entre personas, como es evidente, está exento de regulación. Es el propio acto de transportar, el que no debe suponer una actividad lucrativa para aquél que no ha obtenido la licencia correspondiente, debiéndose permitir, eso sí, las percepciones (que no remuneraciones o ganancias) en concepto de dietas o gastos de desplazamiento. Aunque, siendo realistas, la obtención de pruebas de quien haga del servicio transporte una actividad lucrativa sin licencia, se convertirá, para quien persigue sancionar esas conductas, en una batalla ardua.

EL PRESENTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO CON ANTERIORIDAD A LA RECIENTE JURISPRUDENCIA Y CONSTITUYE LA MERA OPINIÓN DEL AUTOR EN AQUÉL MOMENTO.

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¿Me deben “liberar” el teléfono móvil una vez transcurrido el periodo de permanencia?

Liberar teléfono móvil

Mucho se ha comentado en las redes sociales sobre el derecho de los consumidores y usuarios a que se les liberen sus teléfonos móviles una vez transcurrido el periodo de permanencia, o bien, si se quiere ver de otro modo, si existe una obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones de llevar a cabo la “liberación” de los equipos terminales móviles una vez transcurrido dicho periodo.

La polémica se suscitó a raíz de un recordatorio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a través de las redes sociales sobre la inexistencia de una obligación por parte de los operadores de “liberar” el equipo terminal móvil una vez transcurrido el mencionado periodo. En este sentido, lo cierto es que, como ha indicado parte de la doctrina, la inexistencia de una norma o resolución legal que imponga la obligación a los operadores de “liberar” el teléfono móvil del usuariono impide la posibilidad de que se pueda argumentar que, una vez terminado el periodo de permanencia, el terminal deba ser “liberado” por los operadores.

Si realizásemos un análisis exhaustivo de nuestro Real Decreto 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto de Consumidores y Usuarios), podría interpretarse que el cumplimiento por parte de los usuarios del compromiso de permanencia da lugar a una falta de reciprocidad por parte de las operadoras, ya que, una vez cumplido el citado periodo, el usuario debería gozar de todas las funcionalidades del equipo terminal móvil, incluyéndose entre las mismas, establecer comunicaciones electrónicas a través de cualquier operador de telecomunicaciones. Sin embargo, para que dicha falta de reciprocidad opere, debe existir una cláusula abusiva específica que de lugar a “la imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos” (art. 87 del Real Decreto de Consumidores y Usuarios).

Con todo ello y a favor de la interpretación de considerar que existe una obligación de “liberar” el equipo terminal móvil por parte de los operadores, podría considerarse que hay una falta de reciprocidad en las condiciones ya que, una vez cumplida la obligación de permanencia, el usuario habría satisfecho el importe íntegro del equipo terminal móvil y se le estaría imponiendo una obligación extra que, en todo caso, debería asumir el empresario al habérsele pagado el importe total del teléfono.

Así las cosas, y ante el debate de si la normativa de consumidores y usuarios impone, directa o indirectamente, la obligación de “liberar” el teléfono móvil tras el periodo de permanencia, resulta necesario analizar si de manera explícita viene recogida en la normativa sectorial la citada obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones una vez transcurrido dicho periodo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que dicha obligación no viene recogida en el Real Decreto 424/2005 por el que se aprueban disposiciones para proteger a los usuarios, ni tampoco en el Real Decreto 899/2009 que regula la carta de derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas. En efecto, lo único que se contempla en la propia Ley general de Telecomunicaciones 32/2003 y concretamente en el artículo 38 bis apartado f) es el contenido mínimo de los contratos celebrados entre las operadoras de telecomunicaciones y los usuarios pero sin que ello implique la obligación por parte de los operadores de “liberar” el equipo terminal móvil una vez transcurrido el periodo de permanencia. En concreto, en el mismo se señala únicamente que debe especificarse en el contrato “Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado“, lo que complementa a lo ya recogido en la normativa de consumidores y usuarios y demás normativa.

En este sentido, efectivamente, a pesar de la práctica generalizada, dicha restricción debe estar contemplada en el contrato puesto que aunque el articulado se centre en la restricción sobre el teléfono móvil, ambos, producto y servicio, esto es, equipo terminal móvil y comunicaciones electrónicas, están tan vinculados que, actualmente, cualquier restricción que se lleve a cabo sobre la conexión para realizar comunicaciones electrónicas afecta a las posibilidades técnicas del equipo terminal móvil, o dicho de otra manera, el servicio, en este caso, queda plenamente ligado al producto.

Ante la inexistencia de una obligación explícita por parte de los operadores de “liberar” los teléfonos móviles de los usuarios una vez transcurrido el periodo de permanencia, no es de extrañar que tarde o temprano los operadores de telecomunicaciones ofrezcan, como valor añadido, un servicio de “liberación” gratuito para atraer a nuevos clientes. Será la recompensa para todo aquel usuario que, sabiendo cuidar su equipo terminal móvil durante el periodo de permanencia, podrá disfrutar de otro operador una vez terminado el mismo.

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El derecho de distribución “digital” en los videojuegos

Imagen cedida por Dekuwa. Flickr

Imagen cedida por Dekuwa. Flickr

El pasado 3 de julio de 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaba una sentencia en la que se declaraba el agotamiento del derecho a la “distribución digital” a través de Internet con la primera venta, de manera que el titular de los derechos de explotación de un programa de ordenador perdía el control sobre el mismo una vez éste hubiese sido puesto en circulación. Sin duda, este concepto, el de distribución digital, casa mal con nuestra legislación si tenemos en cuenta que, por lo general, desde el punto de vista jurídico, se venía entendiendo que la distribución lleva aparejada la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible, circunstancia que no ocurre en el entorno digital.

La consecuencia de que el TJUE reconozca el agotamiento del derecho de distribución a los programas de ordenador disponibles a través de Internet es evidente: el primer adquiriente de la licencia de software podrá revenderla independientemente de que en los términos de uso aceptados por aquél se contemple que la licencia no es transmisible.

Sin embargo, en nuestra legislación el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley de Propiedad Intelectual), a raíz de su reforma por la Ley 23/2006, de 7 julio, señala con especial énfasis el requisito del soporte tangible. Y es que, a efectos de poder hablar de distribución, resulta necesaria la incorporación de la obra en un soporte físico, de forma que todos aquellos modos de explotación que no permiten la incorporación física de la obra a un soporte material no pueden ser considerados como actos distribución en sentido estricto.

En este sentido, tradicionalmente, se venía entendiendo que la distribución se llevaba a cabo cuando ésta se realizaba en soporte tangible (v.g. CD-ROM, DVD, etc.) pero no cuando se realizaba una descarga de una obra a través de Internet, lo que era considerado un acto de comunicación pública (art. 20 de la Ley de Propiedad Intelectual), aunque se efectuase una reproducción provisional de la obra o parte de ella (v.g. streaming con su almacenamiento en buffer).

Para cambiar esta concepción que hasta ahora se tenía, el TJUE afirma que la copia del programa de ordenador puesta a disposición del adquiriente de la licencia mediante la descarga del sitio web o mediante un soporte material, es indiferente, pudiendo hablarse de distribución cuando se produce la puesta en circulación de la obra por cualquier medio y bajo cualquier forma.

En concreto, lo que viene a señalar la Sentencia del TJUE es que no hay una comunicación pública de la obra a través de Internet, sino una modalidad de transmisión “en línea” de una copia de la obra, siendo un equivalente funcional a la entrega de un soporte material tangible (aunque el soporte tangible sea propiedad del licenciatario). Es decir, tal y como afirma el Abogado General alegando el caso Peek & Coppenburg, la existencia de una transferencia del derecho de propiedad sobre una copia de la obra transforma el acto de comunicación pública en un acto de distribución con independencia de que el medio utilizado sea Internet.

A mayor abundamiento, el TJUE precisa que “limitar la aplicación del principio de agotamiento de distribución, únicamente a las copias de programas de ordenador vendidas en su soporte material permitiría al titular de los derechos de autor controlar la reventa de las copias descargadas de Internet y exigir, en cada reventa, una nueva remuneración, siendo así que la primera venta de la copia de que se trate ya habría permitido al titular obtener una remuneración apropiada”.

Íntimamente vinculado con lo anterior, el sector de los videojuegos no ha tardado en pronunciarse al respecto. En concreto, el sitio web gamasustra.com se planteó algunas cuestiones interesantes como pudieran ser, a saber:

(i) ¿El agotamiento del derecho de distribución se aplicaría también a los contenidos descargables adicionales (conocidos como DLCs), que en ocasiones amplían la “vida” del videojuego pero que depende de él? Cabe precisar que el TJUE, declara que sobre las correcciones (patches) o actualizaciones del software (updates) también hay un agotamiento del derecho de distribución siempre que el mantenimiento fuese incluido en la licencia. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que el TJUE se centra en funcionalidades del software, y no en nuevos contenidos.

(ii) ¿Qué ocurre cuando no hay una compraventa de una licencia de uso sobre un videojuego (v.g. modelo freemium), o el licenciatario, que ha adquirido una licencia bajo suscripción con pago mensual, decide revender la licencia antes de abonar la primera cantidad? En este sentido, la cuestión radica en si el agotamiento de derecho de distribución contemplado en el artículo 4.2 de la Directiva 2009/24, y ahora aplicado a la “distribución” a través de Internet se aplica sobre los videojuegos bajo dichos modelos de distribución.

En cualquier caso, aunque sí es verdad que esta nueva Sentencia esclarece cuestiones controvertidas sobre la conocida, en términos de mercado, distribución digital; es probable que llegue algo tarde. Recientemente, recibíamos la noticia de que Sony adquiría Gaikai para ofrecer un servicio de videojuegos en streaming (de difícil aplicación en nuestro país debido al escaso desarrollo de nuestra infraestructura de telecomunicaciones y la inexistencia de servidores para poder prestarlo), que ofrecerá, al usuario, un acceso a un servidor sin que se produzca descarga del producto. En este caso, si dicho servicio se implantase, se consideraría, con toda probabilidad, como un servicio en línea (Considerando de la Directiva 2001/29) que realiza un acto de comunicación pública, y por tanto, serían conforme a Derecho las licencias no transmisibles, puesto que no sería aplicable el agotamiento del derecho de distribución.

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La inviabilidad del día inhábil en “justicia electrónica”

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

En los últimos años se está desarrollando una modernización del sistema de justicia aplicando las nuevas tecnologías, destacando entre ellas, la implantación de sistemas telemáticos de comunicación. Con la nueva aprobación de la Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia (inspirada en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, pero con modificación de algunos criterios para así poder adecuarlos al poder judicial), surgen nuevas cuestiones problemáticas. Aquellas que ya eran discutibles en la LAE, se hace inviables en “justicia electrónica”…

Esta nueva ley aprobada en el Congreso reproduce fielmente la Ley 11/2007. De hecho, ha sido criticada por parte de la doctrina por considerar que las disposiciones de aquella en muchas ocasiones son inaplicables a la “justicia electrónica”. Debido, evidentemente, a que la naturaleza de ambas (administraciones públicas y justica) es muy distinta.

En procesos administrativos los problemas son menores cuando se trata de conflictos entre las partes interesadas ya que estos pueden subsanarse con mayor facilidad. Sin embargo, en los procesos judiciales dan lugar a un mayor grado de inseguridad.

En la administración de justicia electrónica, hasta donde tengo conocimiento, el sistema LexNet tiene por finalidad enviar notificaciones electrónicas entre los tribunales y los procuradores, e incluso entre éstos y los abogados. A día de hoy, la notificación se realiza de manera efectiva por parte de los órganos judiciales hacia los profesionales, aunque se prevé que aquella también sea vía regreso; es decir, los abogados podrán realizar la gestión procesal con los tribunales a través del sistema.

El problema surge cuando el Real Decreto 84/2007 por el que se aprueba el sistema Lexnet contempla en su artículo 6.1:

Artículo 6. Disponibilidad del sistema telemático.

1. El sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este artículo. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales.

Además, señala el artículo 32.2 y el 32.3:

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Puede darse el supuesto en el que se haya fallado a favor de dos acreedores en un proceso declarativo, y que como consecuencia de ello, estos deseen ejecutar dicha sentencia ante el juzgado competente con el título que obra en su poder.

En el supuesto de que uno de ellos lo haga de manera electrónica a través de LexNet y otro lo haga en soporte papel; aquel que presente la demanda un día inhábil, constará como presentada a primera hora del día hábil siguiente. De igual manera, tendrá los mismos efectos aquel que la presente físicamente a primera hora del día hábil en la ventanilla. La consecuencia es clara: ambas se tendrán por presentadas exactamente al mismo tiempo.

Si además de todo esto, añadimos que el deudor tiene un patrimonio escaso y que con él no cubre el total del débito de ambos acreedores; quién presente antes la demanda ejecutiva será determinante para resarcir su deuda.

¿A quién habría que dar prioridad?. Bien, aunque pueda haber aparentes soluciones, de tomar una u otra significaría dar prioridad a uno de los dos acreedores lo que sería perjudicial para el otro; sin embargo, parece no ser una ilegalidad, puesto que esta nueva ley no recoge el principio de igualdad sobre el uso de medios electrónicos o no telemáticos consagrado en el artículo 4 b) de la Ley 11/2007.

Sin duda, conseguir conjugar un registro “permanentemente abierto” gracias a Internet, con la existencia de días inhábiles o festivos carece de sentido; pero lo es aún más en justicia electrónica, donde resulta contraproducente.

En definitiva, durante este periodo transitorio donde el soporte digital y el soporte papel conviven será difícil coordinar su coexistencia. Puede ser que la única solución sea la desaparición del medio tradicional.

Está claro: “Internet no se va de vacaciones”.

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Entrevista: Diario “El País”

Estimados compañeros y lectores:

Os adjunto la entrevista completa que me realizó el periodista Miguel Ángel García Vega del diario El País, gracias a la cual se me mencionó en el citado períodico. Podeís acceder al artículo a través del siguiente enlace: Las “otras” SGAE.

1º Me gustaría tener una estimación del número de entidades de gestión de derechos que hay en Europa y el mundo y lo que podrían estar moviendo.

En primer lugar hemos de tener en cuenta que el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, señala en el artículo 156: “Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la entidad confeccionará el correspondiente balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior” poniendo esta memoria “a disposición de los socios en el domicilio legal y delegaciones territoriales de la entidad”.

Es posible acceder a dicha memoria a través del Ministerio de Cultura según sus informes de gestión. De estos informes podemos difícilmente extraer conclusiones, ya que cada uno realiza el análisis económico de manera distinta (ej.: unos incluyen el IVA y otros no).

Cifras de ingresos:
SGAE: 316,8 millones de euros (año 2009)
CEDRO: 24.467.194 euros (año 2009).
VEGAP: 7.767.218 euros, impuestos no incluidos (año 2009)
DAMA: 1.722.449 (1.640.060 € + 17.085 € + 56.712 € + 8.592 €) (Año 2010. Un 32,5% más respecto al año anterior)
AIE: 27.875.618,67 (2009); y 30.567.056,61 (2010). Cifra neta.
AISGE: 34.109.143,31.
AGEDI y EGEDA: no se puede acceder.

Es decir, estaríamos hablando de unos ingresos, que no beneficios, de entre 370 millones y 420 millones de euros de las entidades de gestión españolas.
La realización de una aproximación del número de entidades de gestión europeas, requiere un estudio exhaustivo y muy amplio. Incluso es elevado el número de las asociaciones internacionales en las que forman parte dichas entidades de gestión, por lo que dificulta su investigación.

En cuanto a las entidades internacionales no gubernamentales formadas por sociedades estatales de gestión de derechos de autor, se puede hacer la siguiente clasificación. En Europa, destacan AEPO-ARTIS, EVA y GESAC, a la que pertenece la SGAE, ascendiendo todas ellas a un número de 118 entidades de gestión. A nivel internacional, se encuentran CISAC, IFFRO, ALAI, BIEM, y la suma de sus entidades de gestión es de 394 sociedades. En América Latina destacan FILAIE y GEDRI.

Por otro lado destaca por clasificación independiente a la anterior AGICOA, a la que pertenece EGEDA, con un total de 45 sociedades.

En resumen, resulta complicado incluso hacer una estimación. Según algunos estudios los ingresos percibidos por las sociedades a las que pertenecen las asociaciones CISAC, IFFRO y AGICOA se estiman en un total de alrededor de 470 millones de euros; mientras que no se disponen datos concretos sobre los ingresos percibidos por el resto de las asociaciones.

2º En líneas generales, ¿cuáles son las diferencias entre el modelo “SGAE” español y los que operan en Europa y el resto del mundo? Tal vez se podrían comentar, entre otras, las diferencias que existen con el italiano (que creo que son importantes) y el inglés, por ejemplo. O entre el español y el estadounidense.

El “modelo legal” utilizado en España dista mucho del régimen legal aplicable en los países de nuestro entorno. Concretamente, la compensación equitativa por el derecho remuneratorio por copia privada de las obras audiovisuales en España dista bastante de, por ejemplo, Inglaterra, donde dicha compensación equitativa no se produce. En Estados Unidos, por ejemplo, se sigue un sistema completamente distinto, que podría asimilarse a la inclusión de una cláusula en relación al canon por copia privada en los contratos laborales de los titulares de derechos; la negociación de la compensación equitativa por copia privada de los derechos de propiedad intelectual se haría del mismo modo que si fueran derechos laborales. De este modo, los titulares de derechos pueden recibir su cuota correspondiente de ingresos en función del importe de las ventas físicas realizadas, en lugar de atenerse a las estimaciones que realicen las entidades de gestión. Este sistema anteriormente mencionado, es posible porque en Estados Unidos el productor posee mayor libertad para gestionar los derechos con los autores de las obras audiovisuales.

3º También, desde una visión general, qué diferencias existen a la hora de fijar las tarifas entre España y otras entidades europeas o mundiales.

Las diferencias entre España y países europeos en cuanto a las tarifas prefijadas son notables. En Alemania, el “canon digital” es mucho menor que en nuestro país, mientras que en Francia es considerablemente mayor. En los países en los que no se aplica el canon digital y en aquellos en los que la tarifa es muy por debajo respecto al establecido en España, la copia ilícita está castigada con duras multas.

4º En España, las entidades de gestión se han constituido siempre bajo la fórmula de asociaciones por que no pueden tener ánimo de lucro, mientras que en Francia son sociedades civiles y en Alemania asociaciones económicas con capacidad jurídica. ¿Qué repercusion tiene todo esto? ¿Es “mejor” el modelo societario francés o el alemán? Análisis.

En efecto, la naturaleza jurídica de las entidades de gestión española es de carácter no lucrativo sin que se determine la forma jurídica que han de adoptar. Esta falta de concreción es similar a la existente en el ordenamiento jurídico alemán. En este, si bien no existe limitación para adoptar una forma jurídica u otra, podrán adoptar la forma de asociación económica con capacidad jurídica (las entidades más antiguas), y otras podrán adoptar la forma de sociedad de responsabilidad limitada (las más recientes). La repercusión principal es la diferencia fundamental entre el modelo español y el alemán: este último facilita la obtención de los objetivos que se pretenden en relación con los derechos de propiedad intelectual que se gestionen. En España, sin embargo esa facilidad se ve algo más restringida, al no poderse constituir como sociedades mercantiles, ya que estas se caracterizan por su fin lucrativo.

5º En nuestro país, Competencia ha definido a la SGAE como un monopolio natural. ¿En otros paises, esas sociedades de gestión también actúan de esta forma?

En países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Austria el número de entidades de gestión son mayores que en el nuestro.

A diferencia de España, donde la SGAE administra, por ejemplo, derechos de músicos y autores dramáticos, en Francia, la entidad SACEM gestiona los derechos de los primeros, mientras que SACD lo hace de los segundos.
Sin embargo, la tendencia actual en los países de nuestro entorno es a la confluencia en la administración de derechos en una misma entidad gestora. Incluso en aquellos países donde el número de titulares de derechos de propiedad intelectual es menor que otros países de su entorno europeo.

Además hay que tener en cuenta el principio de libre prestación de servicios contemplado por la Unión Europea y por el que se rige el mercado único europeo, que influye igualmente en las entidades de gestión.

6º Se han puesto en marcha varias iniciativas para ofrecer licencias paneuropeas de utilización de, por ejemplo, obras musicales en el entorno online. ¿Puede ser una forma de romper el monopolio? ¿Qué les parece la propuesta?

Sin duda, dichas iniciativas pueden dar lugar a que, en un mercado gestionado mediante licencias otorgadas en un ámbito territorial, estas pasen a otorgarse a nivel europeo. El problema que cabe preguntarse es si otorgar este tipo de licencias resulta la vía más adecuada. Crear un mercado de “competencia” donde los usuarios pudiesen obtener licencias a un precio menor, parece aparentemente una solución, pero no estaría exenta de otras complicaciones.

En efecto, el usuario podría obtener licencias a un precio menor, pero los “problemas organizativos” siguen siendo los mismos. Seguirá existiendo multiplicidad de entidades de gestión, con la consiguiente administración de los distintos derechos obtenidos por productores, autores, editores, artistas…, que gestionan múltiples licencias, para otorgarlas en ámbitos territoriales limitados, sin que se facilite en absoluto la obtención de todas ellas por parte de los usuarios de manera fácil y rápida. Una opción podría ser un modelo europeo de licencias con múltiples sociedades de gestión, con libertad de adhesión para autores y elección para los usuarios, pero con un mismo órgano encargado de centralizar la información sobre las tarifas vigentes. En este modelo, el usuario podría obtener mayor claridad a la hora de tener en cuenta las tarifas que se le aplique, por ejemplo, para emprender un negocio, sin que tenga que acudir a cada una de las entidades de gestión para obtener información sobre las correspondientes tarifas.

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