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La inviabilidad del día inhábil en “justicia electrónica”

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

En los últimos años se está desarrollando una modernización del sistema de justicia aplicando las nuevas tecnologías, destacando entre ellas, la implantación de sistemas telemáticos de comunicación. Con la nueva aprobación de la Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia (inspirada en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, pero con modificación de algunos criterios para así poder adecuarlos al poder judicial), surgen nuevas cuestiones problemáticas. Aquellas que ya eran discutibles en la LAE, se hace inviables en “justicia electrónica”…

Esta nueva ley aprobada en el Congreso reproduce fielmente la Ley 11/2007. De hecho, ha sido criticada por parte de la doctrina por considerar que las disposiciones de aquella en muchas ocasiones son inaplicables a la “justicia electrónica”. Debido, evidentemente, a que la naturaleza de ambas (administraciones públicas y justica) es muy distinta.

En procesos administrativos los problemas son menores cuando se trata de conflictos entre las partes interesadas ya que estos pueden subsanarse con mayor facilidad. Sin embargo, en los procesos judiciales dan lugar a un mayor grado de inseguridad.

En la administración de justicia electrónica, hasta donde tengo conocimiento, el sistema LexNet tiene por finalidad enviar notificaciones electrónicas entre los tribunales y los procuradores, e incluso entre éstos y los abogados. A día de hoy, la notificación se realiza de manera efectiva por parte de los órganos judiciales hacia los profesionales, aunque se prevé que aquella también sea vía regreso; es decir, los abogados podrán realizar la gestión procesal con los tribunales a través del sistema.

El problema surge cuando el Real Decreto 84/2007 por el que se aprueba el sistema Lexnet contempla en su artículo 6.1:

Artículo 6. Disponibilidad del sistema telemático.

1. El sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este artículo. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales.

Además, señala el artículo 32.2 y el 32.3:

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Puede darse el supuesto en el que se haya fallado a favor de dos acreedores en un proceso declarativo, y que como consecuencia de ello, estos deseen ejecutar dicha sentencia ante el juzgado competente con el título que obra en su poder.

En el supuesto de que uno de ellos lo haga de manera electrónica a través de LexNet y otro lo haga en soporte papel; aquel que presente la demanda un día inhábil, constará como presentada a primera hora del día hábil siguiente. De igual manera, tendrá los mismos efectos aquel que la presente físicamente a primera hora del día hábil en la ventanilla. La consecuencia es clara: ambas se tendrán por presentadas exactamente al mismo tiempo.

Si además de todo esto, añadimos que el deudor tiene un patrimonio escaso y que con él no cubre el total del débito de ambos acreedores; quién presente antes la demanda ejecutiva será determinante para resarcir su deuda.

¿A quién habría que dar prioridad?. Bien, aunque pueda haber aparentes soluciones, de tomar una u otra significaría dar prioridad a uno de los dos acreedores lo que sería perjudicial para el otro; sin embargo, parece no ser una ilegalidad, puesto que esta nueva ley no recoge el principio de igualdad sobre el uso de medios electrónicos o no telemáticos consagrado en el artículo 4 b) de la Ley 11/2007.

Sin duda, conseguir conjugar un registro “permanentemente abierto” gracias a Internet, con la existencia de días inhábiles o festivos carece de sentido; pero lo es aún más en justicia electrónica, donde resulta contraproducente.

En definitiva, durante este periodo transitorio donde el soporte digital y el soporte papel conviven será difícil coordinar su coexistencia. Puede ser que la única solución sea la desaparición del medio tradicional.

Está claro: “Internet no se va de vacaciones”.

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Artículos publicados en Abanlex

Estimados lectores:

Os escribo para adjuntaros los links de los artículos que he escrito en la web del despacho:

“Nubes privadas, híbridas y públicas: La transición hacia la seguridad y el ahorro de costes”
Es el último publicado. El tema: cloud computing (la nube de internet) y su evolución.

Contra la piratería de videojuegos en plataformas digitales… ¿Fibra óptica?
Sin duda un artículo trabajado arduamente, sobre la materia que más me gusta.

Próximamente publicaré una entrevista que entable con un periodista de El País y un artículo que saldrá publicado en página web diariojurídico.com

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La audiencia televisiva y su falta de representatividad

Fuente: Brizzle born and bred (flickr)

En la nueva Ley General Audiovisual la audiencia televisiva se ha convertido en el concepto determinante para adquirir participación significativa de un prestador de servicios de comunicación audiovisual. Un concepto que puede llegar a ser poco transparente y falto de representatividad suficiente para cometer un juicio en base a él, sobre una adquisición mercantil.

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual ha sido criticada por ser una ley que incorpora disposiciones referentes a servicios de la sociedad de la información. Quizás la mayor crítica pueda hacerse en su artículo 36 referente al pluralismo en el mercado audiovisual televisivo, que señala en su apartado 2:

2. (…) ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación significativa en más de un prestador del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal, cuando la audiencia media del conjunto de los canales de los prestadores de ámbito estatal considerados supere el 27% de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisición.

Dicho precepto ha otorgado, en mejores condiciones, mayores posibilidades para llevar a cabo cambios accionariales. Lo que ha dado lugar a que los cadenas televisivas Telecinco y Cuatro sean controlados por la misma sociedad mercantil.

Lo polémico del articulado no es precisamente considerar si el porcentaje que habilita adquirir dicha participación es elevado, o si por el contrario resulta muy reducido; sino el concepto que determina dicho porcentaje, esto es, la audiencia.

Ésta, es medida por dos organismos privados mediante el análisis de una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada (muestra), mediante encuesta personal o general, escrita u oral; o a raiz del análisis de los audímetros que cada persona posee y que controlan la actividad de su televisor. Estos últimos forman un conjunto que se denomina panel de audiencia de televisión.

Tener como referencia la audiencia para la adquisición de participación de otro prestador del servicio de comunicación audiovisual es arriesgado. En primer lugar, porque como hemos señalado la muestra no cubre ni mucho menos la totalidad de la población española como bien ha indicado el Grupo del Artículo 29, al detectar un tamaño insuficiente de aquella. Y en segundo lugar, porque los estudios sobre la audiencia llevados a cabo por aquellos organismos se realizan mediante el modelo OS (Own service), por el cual la entidad recoge la información de la audiencia por iniciativa empresarial, y por tanto los servicios prestados por aquel, son negociados con aquellos que desean adquirir dicha información.

En definitiva, en una ley donde se aboga por el pluralismo informativo, otorgar valor a la audiencia, la cual carece de representatividad total de la población, son conceptos que casan mal. Algo especialmente peligroso si de ello depende la adquisición de participación de un prestador de comunicación audiovisual.

Autor: Eduardo Lagarón

Imagen cedida por Brizzle born and bred (flickr)

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Sistema e-fidelius: firmar sin corroborar lo filmado.

Fuente: CBS_FAN (stock.xchng)

Fuente: CBS_FAN (stock.xchng)

La aparición de los medios tecnológicos pretende no sólo agilizar el sistema judicial, sino también aportar unas garantías mayores que aquellas a las que puede contribuir el ser humano. En este caso, la filmación de una vista pretende afianzar aún más lo ocurrido, que lo transcrito por el secretario judicial en aquella. Pero semejante garantía, ¿justifica la no observancia de lo filmado por el secretario judicial en el momento de la vista?

Un nuevo sistema informático se está elaborando en la justicia electrónica, por el cual se podrá grabar las vistas judiciales a través de medios telemáticos. El sistema permite transmitir aquellas por estos medios, siempre y cuando se utilice la firma electrónica reconocida cumpliendo los requisitos de la Ley 59/2003.

Con ello se pretende que el secretario judicial no acuda presencialmente a las vistas, y pueda dedicar su tiempo a actividades más productivas durante el tiempo que estas duren. De esta forma, el secretario judicial únicamente tendría que firmar electrónicamente una vez comience la vista procesal, y volver a hacerlo una vez terminada la misma.

La aplicación del sistema informático supondría ahorrar tiempo al secretario judicial, en principio, en cuanto a los desplazamientos físicos que tuviera que hacer en cada una de las vistas. Y digo en principio, porque la realidad es bien distinta.

El secretario judicial, en la práctica, firma una vez empezada la vista desde su lugar de trabajo y se dispone a realizar actividades, ya sea en ese mismo lugar o en otros, sin que en ningún momento observe aquello que está ocurriendo en ella, o mejor dicho, sin que observe aquello que está firmando. Y que o bien, puede ser la vista judicial pretendida, o bien, puede ser un “pantallazo negro” en su ordenador; ya sea debido a un error en la conexión por medios telemáticos, o incluso, llegándose a firmar una proyección muy distinta a la realidad, porque la conexión ha sido interceptado por algún tipo de malware.

Sí bien esta última posibilidad es prácticamente imposible de que ocurra, dada la infranqueabilidad del sistema de firma electrónica. Si puede suceder que exista un fallo electrónico o telemático en las comunicaciones, como puede ser por ejemplo, la “caída del servidor”.

Por lo tanto se ha de exigir al secretario judicial un deber de vigilancia proveniente de un deber de diligencia en el desempeño de sus funciones, ya que ambos conceptos están íntimamente relacionados. El uso de la firma electrónica garantiza lo predispuesto por la ley, pero ello sólo es así, cuando dicha firma se utiliza de manera adecuada.

Por todo ello, ha de quedar claro que del mismo modo que no se firma manuscritamente aquello que no se lee, no se puede firmar aquello que no se ha visto, careciendo de sentido corroborarlo una vez ya firmado.

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La “Ley Facebook” no fomenta la privacidad sino más bien todo lo contrario.

 privacidad facebook

La influencia de la “Ley Facebook” ha generado presión sobre aquellas personas que buscan trabajo en un contexto de recesión económica. La publicidad de la privacidad de las personas en Internet se ha convertido en un requisito indispensable para encontrar trabajo, mientras que se discriminan a aquellas personas que no lo hacen.

En la era de la tecnología, se ha observado un detrimento de la privacidad en la vida de las personas e incluso de los trabajadores. Por ello, Alemania ha sido la precursora en elaborar una ley, conocida por todos como la “Ley Facebook”, que pretende la no utilización por parte del empresario de cierta información personal relacionada con sus trabajadores que se encuentre en sus redes sociales para fines laborales (salvo cuando estas estén orientadas a fines profesionales como Linkedin), a no ser que estos les autorice.

Si bien más que una ley restrictiva, parece una ley “ejemplificadora”. Ello es así por la inaplicabilidad de ésta. Según la mayor parte de la doctrina jurídica no existe realmente causas de despido que se puedan alegar por la aparición de información en las redes sociales, ya que pertenece a la esfera privada de las personas. Si consideramos dicha ley como una orientación al futuro de la privacidad, o mejor dicho, como un texto que pretenda redirigir el concepto de aquella en Internet, ello resulta carente de sentido. Internet crece, se desarrolla y se forma, de manera que, ninguna ley puede decir ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y en que se convertirá?, en definitiva, no se le pueden poner barreras. Como dijo Oliver Cromwell : “Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe adónde se va”, fundamento esencial del progreso.

Ello no significa, que Internet sea un paraíso sin ley, pues si bien las leyes no formarán nunca el concepto de Internet, si es necesario crear aquellas para controlar las actividades económicas.

Pero lo más importante respecto a la “Ley facebook” no es la iniciativa de querer proteger al trabajador, que en sí misma es recomendable; sino la inoportunidad de desarrollar esta ley en la actualidad. Con esto quiero decir, que una ley ha de elaborarse siempre de acuerdo a las circunstancias actuales, valorando de antemano sus consecuencias, y a aquellas me refiero ahora en concreto, a la crisis económica.

La “Ley Facebook” si bien pretende proteger al trabajador ya contratado, ha ejercido influencia sobre los procesos de selección de nuevos trabajadores. De manera que la orientación sobre el concepto de privacidad en el mundo laboral, y no laboral, va cambiando.

En una etapa de recesión económica, y sobre todo en una sociedad capitalista, la tasa de paro sube, las empresas reciben menos ingresos y contratan menos personal. Si bien ambos son perjudicados con la crisis, cierto es, que existe mayor discrecionalidad por parte de las empresas que optan por trabajadores mejor cualificados por un determinado puesto. Aquellas a la hora de proveerse de recursos humanos, acaban proporcionando trabajo aquellos que tengan mejores aptitudes, y que a partir de ahora, ofrezcan su privacidad a fin de valorar las características personales del trabajador.

Como consecuencia de todo ello, es la consideración de la “Ley Facebook” como un “arma de doble filo”. Si bien la iniciativa de la ley no es mala para garantizar la privacidad de los trabajadores, esta ley, a su vez ejerce el efecto inverso sobre aquellas personas que buscan trabajo, agravándose las consecuencias, en una época de crisis económica. Parece que las empresas han respondido a la “Ley Facebook” con el siguiente premisa: “si no podemos controlar al trabajador durante la vigencia del contrato laboral, valorémoslo de manera mucho más exhausitva antes de proporcionarle el puesto de trabajo, incluso en su esfera privada”.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esta ley en la búsqueda de empleo?. Si bien se criticaba a las empresas por inmiscuirse en la privacidad de sus trabajadores o futuros trabajadores, con la aludida crisis contratan a aquellos que poseen unas cualidades y aptitudes mayores, en comparación con lo que exigían antes de la situación crítica actual; y no sólo eso, sino que ahora éstas exigen la publicidad de la privacidad de las personas, para poder corroborar además de sus aptitudes profesionales, también sus aptitudes personales para un puesto de trabajo.

Por otro lado, en dicho contexto, es evidentemente que aquella persona que busca trabajo, debe dar publicidad a su privacidad si quiere conseguir el puesto, ya que el número de trabajadores y la competencia por conseguir el trabajo es mayor. La consecuencia es: “sino tienes un perfil en una red social, no eres apto para ser valorado en un proceso de selección”.

Todo ello se puede corroborar gracias a la aparición de un nuevo “filón”, que ya han aprovechado algunas empresas. Se trata de crear una bolsa de empleo de manera más “activa”; en la cual además de introducir tu perfil y tu CV, aquél está relacionado permanentemente con la red social. Así, las empresas están autorizadas a través de la aceptación del usuario, a la observancia en todo momento de toda información que pueda contener la red social respecto de cualquier hipotético trabajador.

En definitiva, todo ello está creando una nueva tendencia, hacia un nuevo concepto de privacidad, que se está “desnaturalizando” el que había hasta ahora. Si bien el individuo conservaba su privacidad por considerarla de gran valor; ahora no otorgar publicidad a su perfil en la red social se ha convertido en la excepción. En otras palabras, para conseguir un puesto de trabajo se premia al que ofrece su privacidad, y se castiga a quien la oculta.

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