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La audiencia televisiva y su falta de representatividad

Fuente: Brizzle born and bred (flickr)

En la nueva Ley General Audiovisual la audiencia televisiva se ha convertido en el concepto determinante para adquirir participación significativa de un prestador de servicios de comunicación audiovisual. Un concepto que puede llegar a ser poco transparente y falto de representatividad suficiente para cometer un juicio en base a él, sobre una adquisición mercantil.

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual ha sido criticada por ser una ley que incorpora disposiciones referentes a servicios de la sociedad de la información. Quizás la mayor crítica pueda hacerse en su artículo 36 referente al pluralismo en el mercado audiovisual televisivo, que señala en su apartado 2:

2. (…) ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación significativa en más de un prestador del servicio de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal, cuando la audiencia media del conjunto de los canales de los prestadores de ámbito estatal considerados supere el 27% de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisición.

Dicho precepto ha otorgado, en mejores condiciones, mayores posibilidades para llevar a cabo cambios accionariales. Lo que ha dado lugar a que los cadenas televisivas Telecinco y Cuatro sean controlados por la misma sociedad mercantil.

Lo polémico del articulado no es precisamente considerar si el porcentaje que habilita adquirir dicha participación es elevado, o si por el contrario resulta muy reducido; sino el concepto que determina dicho porcentaje, esto es, la audiencia.

Ésta, es medida por dos organismos privados mediante el análisis de una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada (muestra), mediante encuesta personal o general, escrita u oral; o a raiz del análisis de los audímetros que cada persona posee y que controlan la actividad de su televisor. Estos últimos forman un conjunto que se denomina panel de audiencia de televisión.

Tener como referencia la audiencia para la adquisición de participación de otro prestador del servicio de comunicación audiovisual es arriesgado. En primer lugar, porque como hemos señalado la muestra no cubre ni mucho menos la totalidad de la población española como bien ha indicado el Grupo del Artículo 29, al detectar un tamaño insuficiente de aquella. Y en segundo lugar, porque los estudios sobre la audiencia llevados a cabo por aquellos organismos se realizan mediante el modelo OS (Own service), por el cual la entidad recoge la información de la audiencia por iniciativa empresarial, y por tanto los servicios prestados por aquel, son negociados con aquellos que desean adquirir dicha información.

En definitiva, en una ley donde se aboga por el pluralismo informativo, otorgar valor a la audiencia, la cual carece de representatividad total de la población, son conceptos que casan mal. Algo especialmente peligroso si de ello depende la adquisición de participación de un prestador de comunicación audiovisual.

Autor: Eduardo Lagarón

Imagen cedida por Brizzle born and bred (flickr)

Escrito en Audiencia televisiva, Derecho Audiovisual, Derecho tecnológico, Nuevas tecnologías, Pluralismo informativo | 4 Comments

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