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La inviabilidad del día inhábil en “justicia electrónica”

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

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En los últimos años se está desarrollando una modernización del sistema de justicia aplicando las nuevas tecnologías, destacando entre ellas, la implantación de sistemas telemáticos de comunicación. Con la nueva aprobación de la Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia (inspirada en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, pero con modificación de algunos criterios para así poder adecuarlos al poder judicial), surgen nuevas cuestiones problemáticas. Aquellas que ya eran discutibles en la LAE, se hace inviables en “justicia electrónica”…

Esta nueva ley aprobada en el Congreso reproduce fielmente la Ley 11/2007. De hecho, ha sido criticada por parte de la doctrina por considerar que las disposiciones de aquella en muchas ocasiones son inaplicables a la “justicia electrónica”. Debido, evidentemente, a que la naturaleza de ambas (administraciones públicas y justica) es muy distinta.

En procesos administrativos los problemas son menores cuando se trata de conflictos entre las partes interesadas ya que estos pueden subsanarse con mayor facilidad. Sin embargo, en los procesos judiciales dan lugar a un mayor grado de inseguridad.

En la administración de justicia electrónica, hasta donde tengo conocimiento, el sistema LexNet tiene por finalidad enviar notificaciones electrónicas entre los tribunales y los procuradores, e incluso entre éstos y los abogados. A día de hoy, la notificación se realiza de manera efectiva por parte de los órganos judiciales hacia los profesionales, aunque se prevé que aquella también sea vía regreso; es decir, los abogados podrán realizar la gestión procesal con los tribunales a través del sistema.

El problema surge cuando el Real Decreto 84/2007 por el que se aprueba el sistema Lexnet contempla en su artículo 6.1:

Artículo 6. Disponibilidad del sistema telemático.

1. El sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este artículo. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales.

Además, señala el artículo 32.2 y el 32.3:

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Puede darse el supuesto en el que se haya fallado a favor de dos acreedores en un proceso declarativo, y que como consecuencia de ello, estos deseen ejecutar dicha sentencia ante el juzgado competente con el título que obra en su poder.

En el supuesto de que uno de ellos lo haga de manera electrónica a través de LexNet y otro lo haga en soporte papel; aquel que presente la demanda un día inhábil, constará como presentada a primera hora del día hábil siguiente. De igual manera, tendrá los mismos efectos aquel que la presente físicamente a primera hora del día hábil en la ventanilla. La consecuencia es clara: ambas se tendrán por presentadas exactamente al mismo tiempo.

Si además de todo esto, añadimos que el deudor tiene un patrimonio escaso y que con él no cubre el total del débito de ambos acreedores; quién presente antes la demanda ejecutiva será determinante para resarcir su deuda.

¿A quién habría que dar prioridad?. Bien, aunque pueda haber aparentes soluciones, de tomar una u otra significaría dar prioridad a uno de los dos acreedores lo que sería perjudicial para el otro; sin embargo, parece no ser una ilegalidad, puesto que esta nueva ley no recoge el principio de igualdad sobre el uso de medios electrónicos o no telemáticos consagrado en el artículo 4 b) de la Ley 11/2007.

Sin duda, conseguir conjugar un registro “permanentemente abierto” gracias a Internet, con la existencia de días inhábiles o festivos carece de sentido; pero lo es aún más en justicia electrónica, donde resulta contraproducente.

En definitiva, durante este periodo transitorio donde el soporte digital y el soporte papel conviven será difícil coordinar su coexistencia. Puede ser que la única solución sea la desaparición del medio tradicional.

Está claro: “Internet no se va de vacaciones”.

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Sistema e-fidelius: firmar sin corroborar lo filmado.

Fuente: CBS_FAN (stock.xchng)

Fuente: CBS_FAN (stock.xchng)

La aparición de los medios tecnológicos pretende no sólo agilizar el sistema judicial, sino también aportar unas garantías mayores que aquellas a las que puede contribuir el ser humano. En este caso, la filmación de una vista pretende afianzar aún más lo ocurrido, que lo transcrito por el secretario judicial en aquella. Pero semejante garantía, ¿justifica la no observancia de lo filmado por el secretario judicial en el momento de la vista?

Un nuevo sistema informático se está elaborando en la justicia electrónica, por el cual se podrá grabar las vistas judiciales a través de medios telemáticos. El sistema permite transmitir aquellas por estos medios, siempre y cuando se utilice la firma electrónica reconocida cumpliendo los requisitos de la Ley 59/2003.

Con ello se pretende que el secretario judicial no acuda presencialmente a las vistas, y pueda dedicar su tiempo a actividades más productivas durante el tiempo que estas duren. De esta forma, el secretario judicial únicamente tendría que firmar electrónicamente una vez comience la vista procesal, y volver a hacerlo una vez terminada la misma.

La aplicación del sistema informático supondría ahorrar tiempo al secretario judicial, en principio, en cuanto a los desplazamientos físicos que tuviera que hacer en cada una de las vistas. Y digo en principio, porque la realidad es bien distinta.

El secretario judicial, en la práctica, firma una vez empezada la vista desde su lugar de trabajo y se dispone a realizar actividades, ya sea en ese mismo lugar o en otros, sin que en ningún momento observe aquello que está ocurriendo en ella, o mejor dicho, sin que observe aquello que está firmando. Y que o bien, puede ser la vista judicial pretendida, o bien, puede ser un “pantallazo negro” en su ordenador; ya sea debido a un error en la conexión por medios telemáticos, o incluso, llegándose a firmar una proyección muy distinta a la realidad, porque la conexión ha sido interceptado por algún tipo de malware.

Sí bien esta última posibilidad es prácticamente imposible de que ocurra, dada la infranqueabilidad del sistema de firma electrónica. Si puede suceder que exista un fallo electrónico o telemático en las comunicaciones, como puede ser por ejemplo, la “caída del servidor”.

Por lo tanto se ha de exigir al secretario judicial un deber de vigilancia proveniente de un deber de diligencia en el desempeño de sus funciones, ya que ambos conceptos están íntimamente relacionados. El uso de la firma electrónica garantiza lo predispuesto por la ley, pero ello sólo es así, cuando dicha firma se utiliza de manera adecuada.

Por todo ello, ha de quedar claro que del mismo modo que no se firma manuscritamente aquello que no se lee, no se puede firmar aquello que no se ha visto, careciendo de sentido corroborarlo una vez ya firmado.

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