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La revolución del VoIP


Internet está llamado a revolucionar, entre otros muchos servicios, el telefónico tradicional, un servicio de telecomunicaciones que poco a poco va quedando obsoleto con la introducción de las nuevas tecnologías, y que gracias a la aparición de la banda ancha se ha visto obligado a renovarse, so pena de quedarse atrás frente a otros servicios tecnológicamente más novedosos.

Pues bien, en ese concreto contexto, el pasado 10 de enero se anunciaba en el Boletín Oficial del Estado, la apertura por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de una consulta pública sobre la adecuación de los recursos de numeración para la prestación de nuevos servicios telefónicos, que incluye, entre otros puntos interesantes a tratar, el servicio de voz sobre el protocolo IP o VoIP (por sus siglas en inglés) que casi con seguridad, decidirán el porvenir del servicio de voz en telecomunicaciones gracias a las nuevas tecnologías.

La voz sobre IP es la tecnología que permite transmitir la voz a través de redes de datos, utilizando un conjunto de herramientas y protocolos para diferentes funciones, tales como la conversión de las ondas sonoras por voz a señales digitales, la transmisión de paquetes en tiempo real, el establecimiento de una conexión o llamada, y otras funciones adicionales necesarias para efectuar una llamada de voz convertida en paquete de datos.

Para los usuarios de smartphones, que ya disponen de aplicaciones que les permiten utilizar la tecnología VoIP para realizar llamadas desde sus dispositivos móviles, ésta no es una gran sorpresa. Sin embargo los servicios de voz sobre IP no se circunscriben a una única modalidad. Actualmente existen varias. En primer lugar, el conocido como servicio VoIP web en movilidad, consistente en que un usuario utilice una aplicación para comunicarse con el resto de usuarios a través de dicha aplicación utilizando Internet (conexión peer-to-peer) como por ejemplo Viber, que no permite comunicarse por voz con un usuario que únicamente tiene un terminal con un servicio telefónico tradicional (esto es, de conmutación de circuitos) ni ser localizado en una ubicación exacta, al objeto de realizar llamadas de emergencia. Es por ello que este tipo de servicios no tiene asignado actualmente ningún tipo de numeración.

Junto al anterior, existe también un servicio VoIP red con terminaciones de llamadas en la red convencional tradicional, es decir, un servicio de VoIP interoperable con la red telefónica conmutada, el cual tiene la consideración de servicio de comunicaciones electrónicas disponibles al público, siendo susceptible de asignársele numeración específica, distinta a la numeración móvil tradicional que todos conocemos.

Según se ha avanzado ya, el servicio de voz sobre IP ya no sólo es posible en servicios de telefonía fija, sino que ha pasado a poder ser ofrecido también en movilidad, es decir, desde dispositivos tales como teléfonos móviles. Y así, este nuevo servicio está comenzando a revolucionar el mercado como lo hizo en su día el servicio de mensajería instantánea multimedia (Whatsapp, por ejemplo), con la proliferación de aplicaciones específicas en “smartphones” a cargo del consumo de datos de la banda ancha móvil.

Es evidente que estamos inmersos en un momento donde el auge de nuevos servicios relacionados con la tecnología VoIP crece de manera exponencial, y las noticias en este ámbito lo hacen en consonancia. En el Reino Unido tiene cada vez mayor aceptación este servicio, lo que ha obligado a los operadores de telecomunicaciones a negociar con las empresas que lo ofrecen. En este sentido, la el oficina de comunicaciones británica (Ofcom) ha sugerido que podría intervenir para obligar a los operadores de redes móviles a que los usuarios puedan hacer llamadas a través de sus redes utilizando este servicio. Por otro lado, la Comisión Europea ha dado ya un “ultimátum” a los operadores para que no apliquen restricciones que bloquen el servicio de VoIP. En este sentido, es evidente que la neutralidad de la red cumple un papel esencial en el auge de este nuevo servicio.

Pero esta proliferación de mercado, no coincide con la regulación normativa de este tipo de servicios. Y es que la regulación jurídica de éstos es ciertamente escasa. Por una parte, tan sólo disponemos de una resolución de 30 de junio de 2005 de la Secretaría del Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) sobre servicios vocales nómadas y de un informe sobre este servicio emitido por el mismo órgano. Por otro lado, contamos con unas conclusiones sobre una consulta pública emitida por la CMT en febrero de 2005, además de escasas resoluciones en este ámbito. Todo, en conjunto, regula un panorama donde la concreción de un servicio de VoIP depende de la tecnología utilizada, puesto que actualmente, como ocurre con muchas tecnologías, convive la tecnología antigua, la nueva, y la combinación de ambas.

En este sentido, quizás el mayor obstáculo para la implantación de un servicio VoIP es en referencia a la numeración, y en particular en relación a la portabilidad numérica. Pero obviamente no es el único. Al igual que sucede con cualquier sector al alza que exige la utilización de tecnología novedosa, el VoIP hace precisa una regulación normativa acorde a la realidad, que de certeza jurídica a los operadores de este mercado. Y es ahí donde acertadamente la CMT ha entrado a valorar los distintos servicios de VoIP y la posibilidad de otorgar numeración específica a cada uno de ellos.

En definitiva, las conclusiones de la Consulta pública planteada por la CMT dilucidarán los aspectos más importantes no de un servicio de telecomunicaciones más, sino de un servicio que marcará las bases un nuevo tipo de telefonía por voz que todo apunta a que acabará sustituyendo al tradicional o al menos relegando a éste a un segundo plano.

Autor: Eduardo Lagarón.

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“La patentabilidad del software”


La patentabilidad del software es sin duda uno de los campos jurídicos donde existe mayor desemejanza con el Derecho Comparado. En Estados Unidos, existe mayor flexibilidad para poder patentar software, y fruto de ello, es la existencia de un gran número de “patentadores de software”. Sin embargo, en España, los programas de ordenador no pueden ser patentados como norma general aunque algunos sí podrán recibir protección registral bajo ciertas condiciones.

El artículo 4c) de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad indica que un programa de ordenador no puede ser patentado. No obstante, si puede llegar a recibir esta protección adicional un determinado software; concretamente aquel consistente en generar un proceso funcional por el cual se obtiene o se ejecuta un hardware. Por ejemplo, pueden ser registrados como patentes los controladores (drivers, y por tanto, software), que se encuentran en constante actualización (con el consiguiente pérdida de la patentabilidad) para hacer funcionar una tarjeta gráfica (hardware). Esta pérdida de la  patentabilidad del software actualizado se perdería si el propio hardware no tuviese nuevas innovaciones que justificasen la necesidad de actualizar el software. En otras palabras, el software depende del hardware, y no viceversa.

La facultad de poder patentar el software sólo en ciertos casos se deriva de la imposibilidad de que la Ley de Propiedad Intelectual pueda proteger una idea “encubierta” en un programa informático, puesto que nuestra ley sólo protege la expresión de aquella. Así lo indica la mencionada ley en su artículo 96.4 al señalar que: “No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador (..)”.

Por todo ello la posibilidad de patentar un software, bajo limitidas condiciones, se encuentra en el artículo 4 de la Ley de Patentes, al señalar que son patentables las invenciones nuevas de aplicación industrial. Por tanto, para que un programa de ordenador pudiera ser patentado debe estar directamente vinculado a una invención nueva de aplicación industrial. Es decir, los desarrolladores del software necesitarían demostrar que el software supone una contribución nueva en el campo técnico (requisito implícito), que a su vez resuelva un problema técnico del hardware fundamental para su funcionamiento. De esta manera, el software sería necesario para el funcionamiento del aparato programable.

Esta interpretación restrictiva se debe a la mención expresa de la Ley de Patentes de la imposibilidad de patentar un programa de ordenador. El rechazo de la patentabilidad del software es evidente ya que el programa de ordenador no cumple, por regla general, el requisito del artículo 4 sobre la necesidad de aplicabilidad industrial puesto que es considerada tan solo su aplicabilidad tecnológica. O para precisar más, a mi entender, debe considerarse el software como una aplicación tecnológica que en ciertos casos puede tener aplicabilidad industrial.

En definitiva, la patente de software en nuestro ordenamiento español se encuentra extremadamente limitada a supuestos muy concretos, esto es, a aquellos que consistan en métodos de funcionamiento de un hardware y sin que estos vayan más allá de las interacciones técnicas del mismo.

La ventaja de conseguir patentar un software es evidente: conseguir prueba “erga omnes” frente a la presunción “iuris tantum” que otorga la normativa de Propiedad Intelectual. Y es por ello por lo que en los últimos años, las solicitudes de patentes para invenciones basadas en programas de ordenador tiene la mayor tasa de crecimiento entre todas las categorías de patentes presentadas en la Oficina Europea de Patentes. No obstante, si la razón por la que se pretende patentar un software es la preconstitución de prueba, resulta más recomendable usar los medios propios de la propiedad intelectual para lograr este objetivo (registros públicos nacionales, registros privados internaciones, terceros de confianza, depósito notarial, etc.).

Autor: Eduardo Lagarón.

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Riesgos derivados de una insuficiente monitorización de los empleados

La monitorización de los empleados por parte de los empresarios es una cuestión de rigurosa actualidad. Actualmente, la jurisprudencia parece inclinarse a favor de considerar que existe una vulneración de la intimidad del trabajador sino se le informó sobre cómo se ha de usar, por ejemplo, Internet en el ámbito laboral. Sin embargo, en el supuesto de que un trabajador lo utilice para usos privados habiéndosele advertido expresamente sobre la prohibición de hacerlo, no constituirá una vulneración de la intimidad del trabajador, al no considerarse una intromisión ilegítima cuando haya sido informado expresamente de que va existir un control para garantizar la efectiva utilización de los instrumentos informáticos.

¿Qué consecuencias legales implica para la empresa un uso indebido de Internet por parte de los trabajadores?

Entre los posibles, analizaremos cuatro supuestos fundamentales:

1. Accesos a páginas web inadecuadas. Una navegación inapropiada por parte del empleado puede dar lugar al acceso a páginas con malware, comprometiendo información de la empresa. El delito se encuentra tipificado en el art. 278 y siguientes del Código Penal tanto para aquel que voluntariamente envía software malicioso para acceder a información careciendo de la correspondiente autorización, como para el empleado que debe guardar reserva del secreto (esto es, la información confidencial de la empresa).

2. Uso de correo electrónico sin las diligencias debidas. El uso incorrecto del correo electrónico sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias puede dar lugar a que los empleados envíen involuntariamente información de la empresa a páginas web que imitan ser legítimas cuando en realidad no lo son, con el propósito de realizar un fraude (“phising”, “spoofing” o “pharming”). Dicho acto es considerado como un delito de estafa tipificado en el Código Penal en los artículos 248 y siguientes, además de constituir, en su caso, una usurpación del Estado Civil recogido en el artículo 401 del Código Penal.

3. Uso inapropiado de mensajería instantánea. Un uso inadecuado y sin control de este tipo de servicios puede dar lugar a una transferencia de datos de los empleados de la empresa eludiéndose los controles internos sobre protección de datos, e incurriéndose en una infracción del artículo 44.3 de la LOPD. Además, puede ser víctima de un ataque de denegación de servicio (DoS o DDoS) mediante un envío de cantidades masivas de datos. De esta última manera, se alteraría la configuración del sistema en lo relativo a Internet a través del protocolo TCP/IP.

4. Utilización de aplicaciones Peer to Peer sin el control adecuado. Estas aplicaciones podrían suponer un intercambio ilegal de obras protegidas por derechos de autor que puede causar responsabilidad jurídica para las empresas, y más aún si los archivos ilegalmente obtenidos se almacenan en discos duros corporativos. Dichas infracciones constituyen una vulneración de los Derechos de explotación recogidos en la Sección II de la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual. Además, cabe la posibilidad de que los archivos confidenciales de negocios se encuentren en la “carpeta” de intercambio donde pueden estar disponibles para que otros la puedan ver y descargar. Si esto ocurriese, los datos de los clientes y la información corporativa se transmitirían a terceros dando lugar a problemas legales de diversa índole.

En conclusión, si el empresario no implanta los controles necesarios para la monitorización de sus empleados, sin duda puede verse perjudicado ya no sólo por la pérdida de eficiencia de sus empleados, sino por responsabilidades legales derivadas de las actuaciones de éstos. La clave para poder desarrollar una monitorización acorde a la normativa sobre privacidad que afecta al empleado, es darle información clara y expresa sobre la política de privacidad corporativa que le atañe, resultando absolutamente deseable guardar constancia de la lectura y aceptación expresa de dicha política por parte del empleado, así cómo mantenerle informado sobre los medios técnicos utilizados para su monitorización.

Autor: Eduardo Lagarón.

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La inviabilidad del día inhábil en “justicia electrónica”

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

Imagen cedida por darktaco (stock.xchange)

En los últimos años se está desarrollando una modernización del sistema de justicia aplicando las nuevas tecnologías, destacando entre ellas, la implantación de sistemas telemáticos de comunicación. Con la nueva aprobación de la Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia (inspirada en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, pero con modificación de algunos criterios para así poder adecuarlos al poder judicial), surgen nuevas cuestiones problemáticas. Aquellas que ya eran discutibles en la LAE, se hace inviables en “justicia electrónica”…

Esta nueva ley aprobada en el Congreso reproduce fielmente la Ley 11/2007. De hecho, ha sido criticada por parte de la doctrina por considerar que las disposiciones de aquella en muchas ocasiones son inaplicables a la “justicia electrónica”. Debido, evidentemente, a que la naturaleza de ambas (administraciones públicas y justica) es muy distinta.

En procesos administrativos los problemas son menores cuando se trata de conflictos entre las partes interesadas ya que estos pueden subsanarse con mayor facilidad. Sin embargo, en los procesos judiciales dan lugar a un mayor grado de inseguridad.

En la administración de justicia electrónica, hasta donde tengo conocimiento, el sistema LexNet tiene por finalidad enviar notificaciones electrónicas entre los tribunales y los procuradores, e incluso entre éstos y los abogados. A día de hoy, la notificación se realiza de manera efectiva por parte de los órganos judiciales hacia los profesionales, aunque se prevé que aquella también sea vía regreso; es decir, los abogados podrán realizar la gestión procesal con los tribunales a través del sistema.

El problema surge cuando el Real Decreto 84/2007 por el que se aprueba el sistema Lexnet contempla en su artículo 6.1:

Artículo 6. Disponibilidad del sistema telemático.

1. El sistema telemático estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este artículo. En ningún caso, la presentación telemática de escritos y documentos o la recepción de actos de comunicación por medios telemáticos implicará la alteración de lo establecido en las leyes sobre el tiempo hábil para las actuaciones procesales, plazos y su cómputo, ni tampoco supondrá ningún trato discriminatorio en la tramitación y resolución de los procesos judiciales.

Además, señala el artículo 32.2 y el 32.3:

2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Puede darse el supuesto en el que se haya fallado a favor de dos acreedores en un proceso declarativo, y que como consecuencia de ello, estos deseen ejecutar dicha sentencia ante el juzgado competente con el título que obra en su poder.

En el supuesto de que uno de ellos lo haga de manera electrónica a través de LexNet y otro lo haga en soporte papel; aquel que presente la demanda un día inhábil, constará como presentada a primera hora del día hábil siguiente. De igual manera, tendrá los mismos efectos aquel que la presente físicamente a primera hora del día hábil en la ventanilla. La consecuencia es clara: ambas se tendrán por presentadas exactamente al mismo tiempo.

Si además de todo esto, añadimos que el deudor tiene un patrimonio escaso y que con él no cubre el total del débito de ambos acreedores; quién presente antes la demanda ejecutiva será determinante para resarcir su deuda.

¿A quién habría que dar prioridad?. Bien, aunque pueda haber aparentes soluciones, de tomar una u otra significaría dar prioridad a uno de los dos acreedores lo que sería perjudicial para el otro; sin embargo, parece no ser una ilegalidad, puesto que esta nueva ley no recoge el principio de igualdad sobre el uso de medios electrónicos o no telemáticos consagrado en el artículo 4 b) de la Ley 11/2007.

Sin duda, conseguir conjugar un registro “permanentemente abierto” gracias a Internet, con la existencia de días inhábiles o festivos carece de sentido; pero lo es aún más en justicia electrónica, donde resulta contraproducente.

En definitiva, durante este periodo transitorio donde el soporte digital y el soporte papel conviven será difícil coordinar su coexistencia. Puede ser que la única solución sea la desaparición del medio tradicional.

Está claro: “Internet no se va de vacaciones”.

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Entrevista: Diario “El País”

Estimados compañeros y lectores:

Os adjunto la entrevista completa que me realizó el periodista Miguel Ángel García Vega del diario El País, gracias a la cual se me mencionó en el citado períodico. Podeís acceder al artículo a través del siguiente enlace: Las “otras” SGAE.

1º Me gustaría tener una estimación del número de entidades de gestión de derechos que hay en Europa y el mundo y lo que podrían estar moviendo.

En primer lugar hemos de tener en cuenta que el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, señala en el artículo 156: “Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la entidad confeccionará el correspondiente balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior” poniendo esta memoria “a disposición de los socios en el domicilio legal y delegaciones territoriales de la entidad”.

Es posible acceder a dicha memoria a través del Ministerio de Cultura según sus informes de gestión. De estos informes podemos difícilmente extraer conclusiones, ya que cada uno realiza el análisis económico de manera distinta (ej.: unos incluyen el IVA y otros no).

Cifras de ingresos:
SGAE: 316,8 millones de euros (año 2009)
CEDRO: 24.467.194 euros (año 2009).
VEGAP: 7.767.218 euros, impuestos no incluidos (año 2009)
DAMA: 1.722.449 (1.640.060 € + 17.085 € + 56.712 € + 8.592 €) (Año 2010. Un 32,5% más respecto al año anterior)
AIE: 27.875.618,67 (2009); y 30.567.056,61 (2010). Cifra neta.
AISGE: 34.109.143,31.
AGEDI y EGEDA: no se puede acceder.

Es decir, estaríamos hablando de unos ingresos, que no beneficios, de entre 370 millones y 420 millones de euros de las entidades de gestión españolas.
La realización de una aproximación del número de entidades de gestión europeas, requiere un estudio exhaustivo y muy amplio. Incluso es elevado el número de las asociaciones internacionales en las que forman parte dichas entidades de gestión, por lo que dificulta su investigación.

En cuanto a las entidades internacionales no gubernamentales formadas por sociedades estatales de gestión de derechos de autor, se puede hacer la siguiente clasificación. En Europa, destacan AEPO-ARTIS, EVA y GESAC, a la que pertenece la SGAE, ascendiendo todas ellas a un número de 118 entidades de gestión. A nivel internacional, se encuentran CISAC, IFFRO, ALAI, BIEM, y la suma de sus entidades de gestión es de 394 sociedades. En América Latina destacan FILAIE y GEDRI.

Por otro lado destaca por clasificación independiente a la anterior AGICOA, a la que pertenece EGEDA, con un total de 45 sociedades.

En resumen, resulta complicado incluso hacer una estimación. Según algunos estudios los ingresos percibidos por las sociedades a las que pertenecen las asociaciones CISAC, IFFRO y AGICOA se estiman en un total de alrededor de 470 millones de euros; mientras que no se disponen datos concretos sobre los ingresos percibidos por el resto de las asociaciones.

2º En líneas generales, ¿cuáles son las diferencias entre el modelo “SGAE” español y los que operan en Europa y el resto del mundo? Tal vez se podrían comentar, entre otras, las diferencias que existen con el italiano (que creo que son importantes) y el inglés, por ejemplo. O entre el español y el estadounidense.

El “modelo legal” utilizado en España dista mucho del régimen legal aplicable en los países de nuestro entorno. Concretamente, la compensación equitativa por el derecho remuneratorio por copia privada de las obras audiovisuales en España dista bastante de, por ejemplo, Inglaterra, donde dicha compensación equitativa no se produce. En Estados Unidos, por ejemplo, se sigue un sistema completamente distinto, que podría asimilarse a la inclusión de una cláusula en relación al canon por copia privada en los contratos laborales de los titulares de derechos; la negociación de la compensación equitativa por copia privada de los derechos de propiedad intelectual se haría del mismo modo que si fueran derechos laborales. De este modo, los titulares de derechos pueden recibir su cuota correspondiente de ingresos en función del importe de las ventas físicas realizadas, en lugar de atenerse a las estimaciones que realicen las entidades de gestión. Este sistema anteriormente mencionado, es posible porque en Estados Unidos el productor posee mayor libertad para gestionar los derechos con los autores de las obras audiovisuales.

3º También, desde una visión general, qué diferencias existen a la hora de fijar las tarifas entre España y otras entidades europeas o mundiales.

Las diferencias entre España y países europeos en cuanto a las tarifas prefijadas son notables. En Alemania, el “canon digital” es mucho menor que en nuestro país, mientras que en Francia es considerablemente mayor. En los países en los que no se aplica el canon digital y en aquellos en los que la tarifa es muy por debajo respecto al establecido en España, la copia ilícita está castigada con duras multas.

4º En España, las entidades de gestión se han constituido siempre bajo la fórmula de asociaciones por que no pueden tener ánimo de lucro, mientras que en Francia son sociedades civiles y en Alemania asociaciones económicas con capacidad jurídica. ¿Qué repercusion tiene todo esto? ¿Es “mejor” el modelo societario francés o el alemán? Análisis.

En efecto, la naturaleza jurídica de las entidades de gestión española es de carácter no lucrativo sin que se determine la forma jurídica que han de adoptar. Esta falta de concreción es similar a la existente en el ordenamiento jurídico alemán. En este, si bien no existe limitación para adoptar una forma jurídica u otra, podrán adoptar la forma de asociación económica con capacidad jurídica (las entidades más antiguas), y otras podrán adoptar la forma de sociedad de responsabilidad limitada (las más recientes). La repercusión principal es la diferencia fundamental entre el modelo español y el alemán: este último facilita la obtención de los objetivos que se pretenden en relación con los derechos de propiedad intelectual que se gestionen. En España, sin embargo esa facilidad se ve algo más restringida, al no poderse constituir como sociedades mercantiles, ya que estas se caracterizan por su fin lucrativo.

5º En nuestro país, Competencia ha definido a la SGAE como un monopolio natural. ¿En otros paises, esas sociedades de gestión también actúan de esta forma?

En países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Austria el número de entidades de gestión son mayores que en el nuestro.

A diferencia de España, donde la SGAE administra, por ejemplo, derechos de músicos y autores dramáticos, en Francia, la entidad SACEM gestiona los derechos de los primeros, mientras que SACD lo hace de los segundos.
Sin embargo, la tendencia actual en los países de nuestro entorno es a la confluencia en la administración de derechos en una misma entidad gestora. Incluso en aquellos países donde el número de titulares de derechos de propiedad intelectual es menor que otros países de su entorno europeo.

Además hay que tener en cuenta el principio de libre prestación de servicios contemplado por la Unión Europea y por el que se rige el mercado único europeo, que influye igualmente en las entidades de gestión.

6º Se han puesto en marcha varias iniciativas para ofrecer licencias paneuropeas de utilización de, por ejemplo, obras musicales en el entorno online. ¿Puede ser una forma de romper el monopolio? ¿Qué les parece la propuesta?

Sin duda, dichas iniciativas pueden dar lugar a que, en un mercado gestionado mediante licencias otorgadas en un ámbito territorial, estas pasen a otorgarse a nivel europeo. El problema que cabe preguntarse es si otorgar este tipo de licencias resulta la vía más adecuada. Crear un mercado de “competencia” donde los usuarios pudiesen obtener licencias a un precio menor, parece aparentemente una solución, pero no estaría exenta de otras complicaciones.

En efecto, el usuario podría obtener licencias a un precio menor, pero los “problemas organizativos” siguen siendo los mismos. Seguirá existiendo multiplicidad de entidades de gestión, con la consiguiente administración de los distintos derechos obtenidos por productores, autores, editores, artistas…, que gestionan múltiples licencias, para otorgarlas en ámbitos territoriales limitados, sin que se facilite en absoluto la obtención de todas ellas por parte de los usuarios de manera fácil y rápida. Una opción podría ser un modelo europeo de licencias con múltiples sociedades de gestión, con libertad de adhesión para autores y elección para los usuarios, pero con un mismo órgano encargado de centralizar la información sobre las tarifas vigentes. En este modelo, el usuario podría obtener mayor claridad a la hora de tener en cuenta las tarifas que se le aplique, por ejemplo, para emprender un negocio, sin que tenga que acudir a cada una de las entidades de gestión para obtener información sobre las correspondientes tarifas.

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